Alex Proimos/Flickr. (CC 2.0 by-nc)
En junio de 2012 me senté en un círculo con 25 niñas, niños y adolescentes para escucharles presentar análisis críticos detallados sobre la ley peruana de la infancia y la adolescencia (Código de los Niños y Adolescentes, en adelante denominado simplemente «código»). Pequeños grupos de niñas y niños habían pasado las últimas horas comparando la ley actual con una serie de cambios propuestos, con el objetivo de identificar posibles cambios positivos y enumerar sus preocupaciones sobre las leyes antiguas y las nuevas. La mayoría eran niñas y niños trabajadores involucrados en organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Se habían reunido para realizar un taller e iniciar una campaña de incidencia para proponer sus propios cambios al código.
Durante el taller, debatieron las posibles implicaciones de los cambios políticos, así como los supuestos sobre la infancia integrados tanto en la versión original de la ley como en la nueva. La política antigua, a pesar de tener sus inconvenientes, se basaba principalmente en la idea de que las niñas y los niños son personas con derechos. Sin embargo, la nueva propuesta parecía regresar a una visión más anticuada de la infancia principalmente como un objeto pasivo de protección o corrección.
