La transición democrática que los nicaragüenses iniciamos en 1990 y el proceso de pacificación que le acompañó se apoyaron en un cimiento esencial: las elecciones realizadas en febrero de ese año. Fue el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas lo que posibilitó, por primera vez en nuestra historia, abrir un período de libertades, leyes y derechos. Estas nuevas realidades favorecieron el entorno para la superación del caos económico y para restablecer la economía del país.
Desde entonces se realizaron tres elecciones consecutivas cumpliendo estándares internacionales básicos, se configuró un incipiente marco institucional y se impulsó el crecimiento económico. Aun cuando debe anotarse la persistencia de las desigualdades sociales y falta de oportunidades para la mayoría de la población, un lacerante déficit que toda alternativa de cambio debe empeñarse en resolver.
La estructura democrática que trabajosamente se estaba construyendo comenzó a corromperse por el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega y, a partir del 2007, a ser desmontada con el deliberado propósito de imponer un nuevo régimen caracterizado por la concentración de poder, demolición de la Constitución y el Estado de Derecho, manipulación arbitraria de los Poderes del Estado, corrupción, exclusión política, fraudes electorales, impunidad, irrespeto a los derechos humanos y afán de perpetuarse en el poder. En fin, la condensación de todos los vicios padecidos a lo largo de nuestra historia. Vicios que se encuentran en la raíz de las confrontaciones del pasado, y del atraso económico y social del presente.
