Todos los días de todos los años, en lugares como Standing Rock y Ferguson y Alepo y Hong Kong, decenas de miles de personas ponen en juego sus vidas y sus medios de subsistencia en la lucha por los derechos humanos. Si reciben algún pago, las cantidades son muy bajas y los riesgos suelen ser altos, así que se exige un sacrificio compartido por todos los actores involucrados. Las oportunidades de obtener beneficios personales se subordinan a la solidaridad con los colegas y con la causa para crear un tejido social fuerte. La congruencia entre las palabras y las acciones es esencial para el desarrollo de la lealtad y la confianza mutuas.
Ante estos imperativos, ¿es razonable esperar que sigan las mismas normas de comportamiento los proveedores de fondos, asesores y otros intermediarios que apoyan estas luchas desde lejos y que al hacerlo obtienen publicidad y legitimidad para su propio trabajo?
Esta es una vieja pregunta que bulle bajo la superficie de las conversaciones entre los activistas y los donantes, aunque rara vez se expresa directamente debido a la incomodidad y las reacciones que puede generar. Pero de vez en cuando emerge a la vista del público, lo que ofrece una oportunidad para volver a analizar los aspectos éticos del financiamiento para el cambio social. Actualmente, presenciamos uno de esos “momentos de aprendizaje” en torno a Darren Walker, el presidente paternal y muy respetado de la Fundación Ford.
